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Organizada por la Fundación Corell, Alsa, CMC XII y la Asociación de Abogados y Economistas en Compliance (AEAC), se ha celebrado el 1 de abril en la sede de la CEOE una jornada sobre los últimos avances en materia de Compliance que ha contado con la participación de magistrados y juristas expertos en la materia.

La primera intervención corrió a cargo del Magistrado Manuel Marchena, Presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, quien abordó los últimos pronunciamientos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo relativos a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

En la segunda ponencia el Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, José Antonio Montero, profundizó en el Compliance tributario y el secreto profesional, de acuerdo a la Directiva 2018/822 sobre intercambio de información en el ámbito de la fiscalidad en operaciones transfronterizas.

La jornada finalizó con una interesante mesa redonda sobre la incidencia del Compliance en el campo mercantil y penal, y las nuevas obligaciones para la obtención de los fondos UE Next Generation, que contó con la participación de María Massó, socia de Baker Mckenzie; Manuel Ruiz de Lara, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil 11 de Madrid; y Alejandro Abascal, Magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional.

A lo largo de la jornada se puso de manifiesto la evolución que la normativa y, sobre todo, la jurisprudencia han tenido en España después la implantación del concepto de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Superado el clásico “societas delinquere non potest” la legislación española se ha ido adaptando desde que en el año 2010 se actualizó el Código Penal estableciendo la posibilidad de que las empresas pudieran resultar responsables penalmente.

Consolidados los principales elementos de su aplicación con la aparición de los Compliance Officers como piezas clave de las empresas, el diseño de los mapas de riesgo y los procedimientos de auditoría y verificación e incluso la normalización que implica la norma UNE19601, queda todavía un largo camino por recorrer fundamentalmente en dos aspectos; la implantación generalizada en la pequeña y mediana empresa de las normas de Compliance y la consolidación de los principales aspectos jurídicos, mediante la acumulación de jurisprudencia de aplicación general.

Sin embardo, se detecta una mejora en el diseño de los planes de Compliance que han pasado de barrera de protección del equipo directivo a cumplir con su función preventiva en tanto que los mapas de riesgo van ajustándose mejor a los delitos que efectivamente pueden llegar a producirse según las características de las empresas.

Finalmente, como criterio general, se impone el “beneficiario final” como principio de identificación de la responsabilidad diferenciando entre aquellas situaciones en que “la empresa” ha obtenido un beneficio directo de una actividad delictiva de aquellas situaciones en las que “un individuo” se ha aprovechado de la empresa para su provecho personal. Cuando tanto empresa como individuos obtienen beneficio de acto delictivo la delimitación de responsabilidades sigue siendo compleja.

La legislación va a seguir evolucionando pues los procesos de unificación legislativa y procedimental que lleva a cabo la Unión Europea intentan conciliar tradiciones jurídicas diferentes y en el caso concreto de España, la obsolescencia procedimental y la antigüedad de las normas de enjuiciamiento no ayudan a clarificar el día a día.

Sin embargo, un año más se ha constatado la paulatina pero imparable mejora de la cultura del cumplimiento, con la que Fundación Corell, Alsa, CMCXII y AEAC quieren hacer visible su compromiso año tras año mediante la organización de esta jornada.

Para más información visite Fundación Corell